En el marco de las actividades desarrolladas, en la provincia, por la Semana del Aborigen Americano, se realizó una charla sobre Derecho Indígena, destinada a profesionales y agentes de organismos públicos. Por la tarde, concluyen las actividades conmemorativas con la inauguración, en barrio Kennedy, de la Sede Académica del Instituto de Educación Superior Intercultural Campinta Guazu Gloria Pérez.
La disertación estuvo a cargo el abogado Julián Fernández, especialista en Derecho Indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tuvo como objetivo sensibilizar e informar en derecho a técnicos, asesores, jefes de despacho de organismos públicos. Estuvieron presentes en el evento la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura y el director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades del INAI, Juan Cruz Testa.
“Esta es una semana en que resaltamos la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a las identidades”, expresó Sarapura, y recordó que desde la Secretaría se lleva adelante un plan de formación en Derecho Indígena para distintos actores del estado.
“Realizamos talleres para autoridades y agentes policiales, para miembros del poder judicial y para técnicos de organismos de Gobierno. El marco jurídico de los pueblos indígenas es nacional e internacional, y el desafío es poder aplicar los derechos y garantizarlos, por eso es importante que los técnicos que tengan que dar respuesta a dictámenes estén informados del marco jurídico”, explicó la funcionaria.
Por su parte, el titular de Tierras y Registro Nacional de Comunidades, destacó la importancia de actividad porque “están convocados los abogados que tiene la responsabilidad de asesorar en lo que es el Derecho Indígena”.
En lo que respecta al trabajo de la dirección que tiene a su cargo, Testa, señaló que se continúa ejecutando el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, establecido en la Ley de Tierras Indígenas y prorrogada por cuatro años. La norma suspende, mientras dure la emergencia, el trámite de ejecución de sentencias de desalojo producto de procesos judiciales.
“El objetivo es determinar, en el caso que corresponde, cual es la ocupación, actual, tradicional y pública que hacen las comunidades de la provincia”, finalizó Testa.
