En el espacio del CAJA (Centro de Arte Joven Andino), autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano y del Poder Judicial concretaron la tercera reunión de trabajo de la mesa de diálogo “Justicia Penal Juvenil” que tiene como finalidad la adecuación de las normas locales vigentes destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal a estándares internacionales.
Por tal motivo, integrantes de la mencionada mesa de diálogo vienen reuniéndose sostenidamente para la elaboración de tres protocolos que se basan en principios de medidas no privativas de la libertad mediante una contención socio-comunitaria con un acompañamiento a los adolescentes en la construcción de un proyecto de vida sostenible a mediano y largo plazo y promover su construcción de ciudadanía.
La ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, ponderó la adecuación del protocolo para ordenar la forma de actuación de las áreas y sectores comprometidos en la protección de derechos en su relación con el sistema penal juvenil. Recordemos que el protocolo se enmarca en el Sistema Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes contemplado en la Ley N° 26.061.
Además, la funcionaria remarcó que “en este sistema penal juvenil, el organismo de aplicación en los casos de los/las jóvenes menores a 18 años, en situación de conflicto, es el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia”, sostuvo Galfré. Dicha área es la encargada de articular acciones con la Justicia y el Ministerio de Salud en los casos que los jóvenes tengan algún tipo de problemas de salud, “como podría ser en una situación de consumo de sustancias”, detalló.
Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez explicó que “en esta tercer mesa venimos a trabajar tres protocolos con medidas sociocomunitarias para estos chico, desde una perspectiva de derechos”.
“La idea es trabajar en todos los sistemas desde el Ejecutivo y el Judicial para llegar a acuerdos y que a fin de año ya tengamos un protocolo establecido de articulación”, que adecúe las normas jujeñas a las normas internacionales que contempla a las medidas privativas de la libertad como última instancia en el proceso penal juvenil.
En tanto la jueza María Pilar Medina, del juzgado de menores Nº 1, indicó que “lo que nosotros/as queremos es que nuestros/as menores (de edad) que cometan delito no sean castigados/as por sus hechos, sino que comprendan la gravedad del mismo y sean responsables de esa situación y al ser responsables lógicamente vamos a lograr un reinserción en la sociedad que es lo que buscamos y no un castigo de personas y niños que estén en la calle”.
“Es necesario asegurarnos que los/as chicos/as tengan recreación, educación salud y que los Centro de Atención y Derivación (CAD: lugares donde se contiene a el/la adolescente que tiene algún conflicto con la ley penal y se establecen medidas de reinserción socio-comunitarias según su caso) no sean centros de castigo ni de depósito de menores (de edad), sino que se reinserte en la sociedad a través del estudio y el apoyo psicológico que necesite”, concluyó la magistrada.
Finalmente, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriela Ferreyra Jenks, expresó: “Queremos que la comunidad toda se comprometa para poder hacer algo por estos/as chicos/as para que el día de mañana puedan desarrollar su proyecto de vida y que los/as chicos/as que egresen de esta sistema de privación de libertad (libertad asistida) puedan tener un trabajo, puedan seguir estudiando y tengan acompañamiento de un equipo profesional con el fin de que puedan tener vida presente y futura”.
